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De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña, en el artículo 28, enunciando que “3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.”
Dicho artículo se refiere al acceso que deben de tener aquellos niños y niñas en edad escolar para ser incluidos en todos los programas ejecutados por el Estado en el mejoramiento de la educación, y con ello eliminar los rezagos por los centros educativos a nivel nacional en cuanto a la aplicación de las capacidades tecnológicas y el uso de los métodos de enseñanza moderna, que en este caso, no es solo cambiar de la tiza a la pizarra acrílica.
Entre 2018 y 2019, el Gasto público en Educación como porcentaje del PIB pasó de 3.1% a 3.4%, mostrando un leve incremento del 0.3% de un año respecto a otro, sin embargo, para el año 2010 este gasto pasó de 5.4% hasta 3.1% en el año 2017, según el informe Nicaragua en Cifras 2019. Esta caída en la asignación del gasto, muestra la vulnerabilidad el sector educación como la prioridad que tiene para el Gobierno de turno sobre este rubro.
De acuerdo con la recomendación de organismos internacionales como UNESCO, se recomienda que el Gasto en Educación como porcentaje del PIB tiene que ser de al menos el 8.0%, lo que representa una brecha actual de 4.6% en el gasto, evidenciando la problemática del sector por adecuarse a los estándares en la calidad de la educación de la región, aun cuando se tengan mejoras en cuanto a la cobertura (matricula, número de estudiantes que han mejorado su escolaridad, etc.).
A partir del año 2020, cuando ya se conocían de programas referidos a las capacidades digitales de los y las estudiantes, fue un reto para el Ministerio de Educación el adaptar a muchos docentes para poder responder a las exigencias que trajo consigo la pandemia y enviar a los mismos a sus hogares, para realizar tele-trabajo.
Es increíble, que en pleno 2020 existan escuelas primarias que no cuenten con el servicio de energía eléctrica y exista un grave rezago en cuanto a la formación de estudiantes en capacidades tecnológicas, desde el subsistema de primaria y que luego se exija incrementar la matricula en el subsistema de educación secundaria, cuando efectivamente se está preparando a los niños y las niñas para quedarse en sus comunidades y no tener una aspiración a futuro.
Luego, su adaptación en el nivel de educación secundaria requiere de un esfuerzo mayor por parte del docente de este subsistema, y probablemente es aquí en donde los y las estudiantes se empiezan a enfrentar a las capacidades digitales, y no necesariamente es para fortalecer sus conocimientos en cuanto al uso de las herramientas básicas de Microsoft, muchas veces porque a pesar de tener un certificado en Operador/a de microcomputadores, nunca la han utilizado para planear su clase o elaborar una clase digital para desarrollarla en el aula de clase.
El enorme abismo que se visualiza no es solo un número que nos indique cuántas escuelas se pueden dejar de construir, sino que también nos muestra la gran necesidad que tiene el sector por formar, no solo a los y las estudiantes en cuanto al uso de las herramientas digitales, sino también, de la gran demanda que tiene el sector en cuanto a la formación integral del cuerpo docente para poder transmitir esos conocimientos, ¿por qué?, porque probablemente los métodos modernos de enseñanza de la cual nos habla la Convención sobre los Derechos de los Niños y las Niñas ya nos llegó y nos encontró con los brazos alzados, que en el peor de los casos, no se está en capacidad para poder enseñarle a un estudiante a utilizar eficientemente el internet y discernir entre los tipos de información que se pueden encontrar en la red, y que de esta forma pueda gestionar el conocimiento.
La brecha requiere de medidas para disminuirla, para que la salida de los docentes del aula de clases para formarse, no solamente sea un incremento en el número de capacitaciones que recibe el cuerpo docente, como una forma de enriquecer las estadísticas actuales y requeridas por los organismos internacionales, sino que sea una formación concatenada con las necesidades actuales de los niños y las niñas, y priorizar una educación inclusiva e igualitaria, en donde un niño y una niña del área rural tenga la misma formación que un estudiante de una escuela del área urbana, sino caemos nuevamente en la exclusividad y la discriminación.